El presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez (UGT), ha confirmado que el acuerdo recoge por escrito que el comité de empresa "no reconoce que haya causas productivas" que justificaran este ERE, el cuarto en diez años en los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud e higiene industrial de la base de Morón. En una década, la plantilla ha pasado de 620 a 250 efectivos. Este último expediente ha supuesto una merma del 20%.
"Esto no acaba aquí", ha puntualizado Rodríguez, en alusión a la "estrategia de descapitalización" de la empresa, por lo que ha anunciado que los trabajadores seguirán reclamando al Gobierno de España que "dentro de sus competencias" trabaje para que el Tratado Bilateral con Estados Unidos recoja para estos trabajadores las "mismas garantías laborales" de las que disfruta la plantilla de la base militar de Rota (Cádiz).
Después de haber agotado el plazo máximo legal, 30 días, la plantilla de KBR ha cerrado el ERE con la dirección de la empresa con acuerdo. Previamente, la asamblea de trabajadores había apoyado por unanimidad las condiciones del mismo, ha subrayado José Armando Rodríguez. Entre esas condiciones, las indemnizaciones a los afectados por el ERE, que serán las máximas por despido improcedente, es decir, 45 días por año de servicio hasta la reforma laboral de 2011 y de 33 días a partir de entonces.
El pasado 7 de junio, la sociedad KBR remitió un escrito oficial al comité de empresa anunciando su intención de iniciar un "procedimiento de despido colectivo", es decir un expediente de regulación de empleo (ERE), que seguiría a los diversos procedimientos similares sufridos por la plantilla española de la base desde 2010. KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.
Durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
