Algunas de estas investigaciones se iniciaron mediante el ciberpatrullaje en la red, permitiendo la detección de diversos individuos pedófilos radicados en la provincia de Sevilla, que promovían el tráfico de archivos de pornografía infantil.
Los agentes centraron su atención en lograr identificar y localizar a tales sujetos, solicitando en cada caso, tras la realización previa de vigilancias y seguimientos, los pertinentes mandamientos judiciales para la entrada y registro en cada domicilio.
En una de estas investigaciones se identificó al usuario de un dispositivo, en el que se localizaron miles de vídeos de índole pedófila, además de fotografías realizadas al descuido a personas de corta edad de su propio entorno.
Otro de los investigados elaboraba índices del abundante material con el que contaba, listando los sujetos que le despertaban mayor interés con el fin de conseguir más "material" sobre ellos.
El análisis de los dispositivos incautados de otro de los detenidos demostró que formaba parte de grupos de temática pedófila en ciertas aplicaciones móviles en las que para acceder, a modo de cuota, se le solicitaba enviar un número determinado de vídeos de esta índole.
El investigado por el presunto delito de acoso contaba con diversas cuentas de correo electrónico, desde las que enviaba mensajes a la víctima de forma insistente revelando datos referidos a la vida personal de sus víctimas.
Consecuencia de las diversas diligencias de entradas y registros se localizaron un total de 7.473 archivos de índole pedófilo en los equipos informáticos de las personas investigadas, culminando con la intervención de tres ordenadores, cuatro terminales telefónicos, dos tablets y un disco duro.
