El sector de los VTC en Andalucía ha exigido a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que aplique la sentencia dictaminada por el Tribunal General de la Unión Europea (UE) del 8 de junio, que promueve una modificación de las legislaciones de los Estados miembros "para que exista una sana competencia entre los taxis y los VTC".
El presidente de la Asociación Empresarial de los VTC Andalucía, Pablo García ha indicado que "la imposición de las medidas y etiquetas de emisiones para los vehículos VTC en Andalucía han afectado negativamente al sector", y ha aclarado que este decreto "nos ha obligado a adquirir vehículos que casi doblan el precio de los que nosotros adquiríamos habitualmente para la actividad, promoviendo así una cubanización de la flota de vehículos".
Asimismo, ha apuntado que "muchos de los titulares de VTC en Andalucía han acudido a mercados de ocasión de otros países para comprar vehículos con mayor antigüedad, que cumplan con la etiqueta y las medidas que obligaba la Junta", al tiempo que ha subrayado que "creemos que es un paso atrás".
El Decreto ley para regular la actividad de las VTC aprobado por el Gobierno Central en junio de 2023, el representante de la asociación ha apuntado que "el Gobierno básicamente lo que ha hecho es ir en contra de la propia sentencia del Tribunal General de la UE y hacer caso omiso a la misma".
Además, ha destacado que, "entre otras cosas, la sentencia decía que no existe una figura en Europa de especial protección del taxi, por lo tanto, no debe tener ninguna ni está justificado que la tenga", a lo que ha agregado que "estará por ver si ese decreto ley es constitucional y, por supuesto, se verá a corto y medio plazo cómo afectará a la actividad".
En lo referido al impacto económico que ha generado ambos decretos en el sector, García ha resaltado que "ha implicado un impacto severo en la actividad", al tiempo que ha apuntado que "la amortización del vehículo ahora es superior, por tanto, el gasto fijo o adquisición de mismo es superior al de otros años".
En este sentido, ha expresado que "aquí creemos que la Junta tiene que modificar ese Decreto ley, en base a la sentencia europea, para que los criterios de adquisición de nuevos vehículos tengan el componente de etiqueta energética o de emisiones, pero no tengan una obligación de medidas, porque la normativa estatal, ya superó ese criterio", y a lo que ha añadido que "no hay por qué promover el tamaño del vehículo, ya lo decidirá el propio mercado, no hace falta que lo decida la Junta".
La solución de este problema, según indica García, reside en la "competividad, pues cuando crees en la competencia entiendes que estás en un entorno competitivo, en el cual tu mejor servicio, calidad, precio y vehículo es lo que primará al cliente para elegir una opción u otra, dado que tanto los taxis como los VTC compiten en la movilidad". Por lo que, señala que hay que ""modificar esa competitividad, no hay que forzar normativas en contra de tus competidores para ganar ventaja competitiva, creemos que ese no es el camino".
En cuanto al número de licencias concedidas a nivel andaluz, el representante de la asociación ha declarado que "no hemos observado que exista ningún tipo de reducción en el número de licencias, porque a diferencia de Cataluña, aquí no han existido ningún tipo de expropiación de licencias, algo que el sector del taxi pretendía que ocurriese".
En este contexto, según los últimos datos sobre la Distribución de Autorizaciones por Provincia y Clase, publicados el 1 de agosto de 2023, por el Ministerio de Fomento, en Andalucía se han concedido un total de 12.199 licencias, 8.740 destinadas al servicio taxi y 3.459 a los VTC.
