El Tribunal Constitucional ha concluido por unanimidad que el Parlamento andaluz vulneró los derechos de los nueve diputados expulsados en noviembre de 2020 del grupo parlamentario entonces denominado Adelante Andalucía, con la que fuera su presidenta, Teresa Rodríguez, a la cabeza, que desde entonces quedaron como diputados no adscritos.
Fuentes jurídicas han confirmado que el Pleno ha avalado la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, que ve pertinente estimar el recurso y conceder el amparo a los dirigentes. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizara este asunto antes de verano, finalmente, a petición de varios magistrados, se optó por posponerlo para no interferir en el proceso electoral del 23-J.
El recurso se dirigía contra los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento andaluz los días 18 y 25 de noviembre de 2020, por los que tomó conocimiento de la expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados de Adelante Andalucía afines a ella que compartían grupo con Podemos e IU en la cámara regional al inicio de la pasada legislatura.
Las expulsiones de este grupo parlamentario, que en 2021 cambió su nombre a Unidas Podemos por Andalucía, se acordaron en noviembre de 2020 a instancias de Podemos Andalucía con el respaldo de IU al entender que estos diputados habían incurrido en un caso de transfuguismo por haberse desligado del partido morado, al que representaban cuando fueron elegidos para formar parte de la candidatura de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.
Tras su expulsión, avalada por la Mesa del Parlamento andaluz, estos diputados anunciaron su decisión de recurrir en amparo ante el TC una resolución que consideraron propia de un Parlamento "bananero", así como "un escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz".
Dos años en el Tribunal Constitucional
Fue en mayo de 2021 cuando el TC admitió a trámite el recurso al apreciar en el mismo "una especial trascendencia constitucional" por cuanto "plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" constitucional. A ello añadió que "el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".
Teresa Rodríguez renunció a su escaño como parlamentaria andaluza a finales de diciembre del pasado año para retornar a su plaza como profesora de Secundaria en un instituto público de Puerto Real (Cádiz), donde ha dado clases en el curso escolar recién finalizado.
