La nueva ley se ha elaborado de acuerdo con los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en primer lugar, el de necesidad, promoviendo el desarrollo y agilización de las actuaciones financiables con determinados fondos europeos incluidas en el Plan estatal de recuperación, transformación y resiliencia y en la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, instrumentos ambos creados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.
Estas son las líneas principales del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Aragón:
1. Se institucionaliza la política de simplificación administrativa como objetivo horizontal en todo el sector público, con programación, evaluación y seguimiento.
2. Se regula la gestión coordinada de procedimientos, autonómicos y locales, para proyectos concretos o para áreas de actividad.
3. La declaración responsable o comunicación previa de reglas generales, salvo norma europea, estatal o razón imperiosa de interés general.
4. El silencio positivo como regla general, salvo norma europea, estatal o razón imperiosa de interés general.
5. Revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses.
6. Mayor integración administrativa con el tejido social y económico y con las entidades colaboradoras de certificación, que podrán ser los colegios profesionales.
7. Eliminación de trámites innecesarios con reducciones significativas de plazos (meses): acuerdos reiterados de consejo de Gobierno, revisión de procesos de control interno, homologación del recurso especial con Estado y todas las comunidades autónomas (salvo Navarra), reducción de plazos de tramitación y reforma de procedimiento en subvenciones.
8. Extensión del régimen jurídico que ha impulsado la generación eólica a todas las tecnologías renovables.
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas que pasa a denominarse Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales. El principal cambio es que supondrá una reducción en las facturas que se giren por consumos medios y se aplicará en todos los ayuntamientos de Aragón.