En el informativo hemos destacado que el Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley que implicará la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un nuevo organismo que coordinará las políticas sanitarias en esa materia y que se ubicará fuera de Madrid, para avanzar en la descentralización de la administración. Zaragoza se postula para acoger esa agencia y lo hace con un proyecto firme apoyado por administraciones y empresas del sector sanitario.
El Gobierno aragonés ha remitido a las Cortes el proyecto de ley con los nuevos impuestos ambientales para las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y los cables de alta tensión. Es un tributo que empezó a diseñar el Ejecutivo de Javier Lambán, con el que se podrían recaudar hasta 50 millones de euros al año. Al menos la mitad de ese dinero se destinará a un fondo de compensación para los territorios afectados por esas instalaciones.
