El Gobierno aragonés ha abierto un expediente disciplinario a la responsable del servicio provincial de tutela y protección a la infancia en Zaragoza, tras el caso de los presuntos maltratos cometidos en el centro de atención a menores de Ateca. Además, preparan una reclamación administrativa por daños y perjuicios contra las empresas que gestionaban esas instalaciones, a quienes acusan de incumplir el contrato. El objetivo es rescindir ese concierto y cualquier otro en el que participen, y excluirlos de futuras licitaciones. Además, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, prevé realizar una auditoría de todos los contratos similares en vigor, para comprobar si existen riesgos o se han producido otras negligencias en la atención a menores.
El Gobierno aragonés tiene previsto seguir investigando si supuestamente se han producido más casos de agresiones en ese centro. En los últimos días, algunos jóvenes, que ya son mayores de edad, y que estuvieron internados en esas instalaciones, están denunciando que el personal del centro abusaba de las contenciones y la fuerza física. Es el relato de Sergi, uno de los jóvenes que estuvo en ese centro de Ateca.
Mientras tanto los grupos de la oposición siguen pidiendo explicaciones. La diputada del PSOE, Pilimar Zamora, reclama responsabilidades políticas al director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, pide que se fiscalice este tipo de contratos que cuestan más de un millón de euros anuales.
Siguen las reacciones políticas a la reaparición y posterior fuga del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, pidió, a través de las redes sociales, la dimisión de Pedro Sánchez, por dejarse humillar por el independentismo. Un argumento que comparte la vicepresidenta, Mar Vaquero.
