Las pérdidas se estimaron en unos 30 millones de euros. El Gobierno aragonés achaca los retrasos a la pandemia, que se desató poco después de la borrasca, obligando a cambiar las prioridades. Este asunto ha sido debatido en las Cortes de Aragón, donde ha comparecido la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a petición del grupo parlamentario del Partido Popular.
La consejera ha explicado que, ahora que el Estado ha resuelto destinar 5,5 millones de euros a los municipios aragoneses afectados, el Ejecutivo autonómico cumplirá con su promesa de complementar esas ayudas. Sin embargo, la diputada “popular”, Mar Vaquero, acusa al Gobierno de poner excusas.
