La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denunció este lunes que una mujer de 83 años se suicidó el sábado pasado en Zaragoza tras cuatro meses pidiendo "desesperadamente" la eutanasia sin que ni siquiera se llegase a tramitar la solicitud en su centro de salud, como establece el protocolo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).
Este martes, la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, ha reconocido en declaraciones a los medios que en ese caso se produjo un "fallo". En concreto, el retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable que iniciara el expediente cuando la médica de referencia de la mujer se declaró objetora de conciencia.
Depura responsabilidades a las personas que no ejecutaron el procedimiento
A la vista de ello, el Gobierno aragonés ha establecido "mecanismos para controlar la situación" y, en este caso concreto, "se han depurado responsabilidades de las personas que probablemente no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma" en función de su cargo.
Según fuentes de la consejería de Sanidad, se ha apartado de sus funciones a la persona responsable de la tramitación de los expedientes de eutanasia del área sanitaria a la que pertenece el centro de salud de Torre Ramona.
La consejera está decidida, según ha dicho, a seguir "muy vigilante" con los procedimientos, puesto que su intención es "dar salida" a un derecho de la ciudadanía recogido en la ley. "Estamos obligados a hacerlo funcionar, y no cejaremos en nuestro empeño de mejorar los procedimientos para que esto no suceda", ha enfatizado.
Emilia permanecía postrada en cama
Emilia, la mujer de 83 años que se suicidó el sábado, "arrastraba una luxación de cadera congénita, que con los años había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad alguna de mejora" y que "permanecía postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor, atendida por su familia, pero con dolores constantes", según la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denunció el martes que los profesionales implicados dijeron que no conocían esta ley y que no intentaron comprender la situación de la mujer, por lo que instan a implementar formación sobre los procedimientos.
Sin embargo, Repollés ha precisado que desde que entró en vigor la norma, ha habido actividades formativas para los profesionales sobre los derechos de los usuarios, pero el sistema sanitario está formado "por muchas personas con mucha variabilidad", ha justificado.
Además, ha recordado que existe un registro para médicos, enfermeros y farmacéuticos objetores de conciencia que ya está funcionando, aunque hasta el momento el número de profesionales que se ha inscrito en el en Aragón es "sorprendente por bajo".
Solo alrededor del seis por ciento de estos profesionales de todo Aragón se han declarado objetores, según los datos que ha proporcionado la consejera.
Lo que ha rehusado precisar es el número de solicitudes de eutanasia presentadas en la comunidad desde junio, algunas de las cuales ya han pasado por la comisión de garantías para que "en las próximas fechas" se realice la prestación a las personas que hayan obtenido la autorización final.
