Entre otras medidas, se prohibirá la apertura de casas de apuestas a menos de 300 metros de colegios y centros juveniles, y la publicidad para captar clientes. Todos los locales deberán contar con un sistema de registro en la puerta como los que ya se utilizan en bingos o casinos. Además, la administración podrá acceder a la información de las máquinas tragaperras. Algo que según el ejecutivo no implicará grandes inversiones para las empresas del sector. En el proceso participativo se han presentado 159 alegaciones a la ley y el 44% han sido tenidas en cuenta. Por eso la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, considera que la normativa, abierta a ser mejorada en las Cortes, es “ponderada” y “equilibrada”.
Eso sí, la normativa autonómica no regulará el juego online, que es la modalidad que más preocupa por su impacto en los jóvenes, o la publicidad de apuestas en competiciones deportivas, ya que son competencia estatal. Por eso Pérez ha pedido al Gobierno de España que haga ahora su parte en la regulación de este problema social.
