Desde el ejecutivo de Jorge Azcón insisten en que la ley derogación, avalada por los letrados del parlamento y por el Consejo Consultivo, es constitucional. Además, defienden la autonomía de las Cortes para aprobar o rechazar leyes. Por eso los servicios jurídicos del Gobierno aragonés trabajan ya para recurrir la decisión del Constitucional. El presidente recuerda que hay Comunidades que no tienen normas autonómicas de Memoria e insiste en que todo el proceso de derogación fue intachable jurídicamente, avalado por una mayoría parlamentaria. Pese a esta situación legal, Azcón no renuncia a presentar un Plan de Concordia para sustituir la ley de memoria de Lambán.
En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, quien insiste en que la derogación de la ley autonómica de memoria democrática se realizó de manera legal y con los votos de la mayoría del parlamento. Nolasco cree que la decisión de Tribunal Constitucional de admitir a trámites este recurso es una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que acechan al entorno del presidente Sánchez.
En cambio, los grupos parlamentario de la izquierda (PSOE, IU y Podemos) y los colectivos memorialistas valoran muy positivamente la decisión del Tribunal Constitucional.
