Renovables

Aragón tiene 4.000 megavatios de energía eólica en tramitación

La Asociación Empresarial Eólica prevé que nuestro territorio se mantenga en posiciones de liderazgo, pero advierten de posibles efectos del impuesto a las energéticas y marcan como prioridad el diálogo con las comunidades locales.

Chema Catalán

Zaragoza |

Aerogeneradores
Aerogeneradores | Freepik

Aragón aspira a seguir siendo un referente en producción de energía eólica. Actualmente, hay en tramitación nuevos proyectos que suman 4.000 megavatios, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. La mayoría, unos 2.500, tienen ya todos los trámites necesarios para empezar obras, y el resto, están pendientes de obtener en breve la autorización de construcción. Juan Virgilio Márquez, director general de la asociación, ha explicado que, de media, desde que se inicia la tramitación hasta que se pone en marcha un parque eólico, suelen pasar entre 5 y 6 años. No todos los proyectos con autorización se ponen en marcha, porque depende de la decisión final de los inversores.

Pese a esa cierta incertidumbre, la previsión del sector es que Aragón se mantenga como uno de los territorios líderes en producción de este tipo de energía. De hecho, del estudio impulsado por la asociación para Deloitte se desprende que, en 2023, la mitad de la potencia instalada en toda España se puso en marcha en nuestro territorio. Somos la segunda comunidad en capacidad y generación, sólo por detrás de Castilla y León, con 198 parques que generan 5.229 megavatios. Su contribución al PIB supera los 325 millones de euros. Eso sí, la energía eólica sólo implica, al menos de momento, 1.209 empleos directos, lo que nos sitúa en el séptimo lugar del ranking nacional.

Obstáculos y retos

Desde el sector auguran una evolución positiva en el despliegue porque Aragón tiene viento, superficie y respaldo político, pero el impuesto sobre las energéticas podría disuadir inversiones. La entidad ha decidido recurrir judicialmente la primera liquidación. Los parques que ya empezaron su actividad con otras reglas de juego tendrán que ver cómo mejoran su rentabilidad, mientras que futuros inversores analizarán la competencia fiscal entre comunidades antes de tomar decisiones.

Otro obstáculo es el rechazo social que determinados proyectos eólicos generan en algunas zonas. En ese sentido, Márquez ha abogado por trabajar con “rigor, anticipación y de forma colaborativa” con las comunidades locales. “Es un mantra y una prioridad de nuestro sector. Sabemos que hay cierta sensibilidad y tensión, pero trabajando conjuntamente lo podemos conseguir porque la eólica es un vector de desarrollo para todos”.

En ese sentido, del estudio se desprenden efectos económicos positivos en la España despoblada. En la provincia de Teruel, la renta media en los pueblos con parques eólicos asciende a 13.887 euros, 667 más por encima de la media de la provincia. Los parques aportan ingresos a los ayuntamientos y propietarios, pero el reto de la administración, según Márquez es “cómo gestionar para que esos ingresos se trasladen en beneficios tangibles para los vecinos que viven allí”.