El Ejecutivo aragonés ultima ya los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Está ya muy avanzado y lo remitirán muy pronto al Consejo de Gobierno para que lo autorice. El plazo para recurrir es de tres meses desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, a través de las redes sociales ha dicho que "la ley de amnistía es una de las páginas negras de nuestra historia", ya que supone "un golpe al sistema democrático contra los principios básicos de la convivencia y de la legalidad". El vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, ha señalado que el recurso de inconstitucionalidad que prepara Aragón pretende parar un ataque a la Constitución, la separación de poderes y al Estado de Derechos. Además, el número dos del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer los argumentos jurídicos de ese recurso.
- Se trata de una ley que exime de responsabilidad únicamente a las personas que cometieron ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto. Es una situación de arbitrariedad que vulnera el mismo trato ante la justicia que merecen todos los españoles.
- Se está premiando a quienes han cometido delitos de desobediencia, desórdenes públicos y resistencia durante el denominado proceso independentista catalán, en el que se incluye la consulta inconstitucional del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017. Al menos 372 personas que no asumen las responsabilidades penales, administrativas y contables que establece la ley.
- La amnistía ha sido una exigencia de grupos políticos independentistas para otorgar sus votos en la investidura parlamentaria del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. La Ley de Amnistía es la contrapartida exigida por los votos que permiten el acceso al poder, por lo que se trata de un caso de desviación de poder”. Así lo definió, insisto, el dictamen del Consejo Consultivo.
- La amnistía por los graves delitos cometidos en el proceso independentista catalán no afecta únicamente a la realidad social y política de Cataluña; sino a toda España, por lo que la Ley de Amnistía responde tan sólo al interés particular de los partidos independentistas catalanes y sus líderes; y no al interés general de la sociedad española.
