Caso Begoña

Azcón considera “lógico” que Sánchez sea citado como testigo

El presidente del Gobierno aragonés dice que es inédito en democracia que la mujer del presidente “hiciera negocio” desde los despachos de Moncloa y pide a Pedro Sánchez que dé explicaciones en el Congreso.

Chema Catalán

Zaragoza |

Azcón, en una imagen de archivo.
Azcón, en una imagen de archivo. | EFE | Javier Cebollada

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera “lógico” que el juez Peinado haya llamado a declarar por el caso Begoña en calidad de testigo al presidente, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio. Antes de participar a mediodía en la reunión de la directiva nacional del PP en Madrid, Azcón ha pedido a Sánchez que dé explicaciones sobre esos posibles casos de corrupción también en el Congreso.

Azcón ha acusado a la mujer del presidente de “hacer negocios” en los despachos de la Moncloa, algo que califica de “inédito” en nuestra democracia. Por eso, considera que debe dar explicaciones ante los medios y ante todos los ciudadanos.

Reforma de la ley de extranjería

El presidente Azcón ha hablado de varios temas en clave nacional pero no ha sido preguntado por la ruptura del ejecutivo entre PP y VOX en Aragón. Las principales razones de esa crisis de gobierno fueron las discrepancias entre ambos partidos sobre la política de acogida a menores no acompañados.

Hoy precisamente el Estado y las Comunidades se reúnen en la Sectorial de Inmigración, para tratar la reforma de la Ley de extranjería, que mañana arranca su trámite en el Congreso. El Gobierno busca eliminar burocracia para simplificar, por ejemplo, las autorizaciones de estancia, residencia y trabajo.

Entre las Comunidades no hay consenso sobre la propuesta de acogida vinculante de los menores entre las Comunidades. Azcón no ha aclarado si el PP permitirá que avance el trámite de la reforma votando a favor o absteniéndose en la toma en consideración, pero insiste en que Moncloa no tiene interés real en negociar y considera clave la financiación, porque hasta ahora, son las CCAA las que asumen el coste económico de la acogida de menores no acompañados.