Política

Azcón recurrirá ante los tribunales el acuerdo migratorio pactado con Junts

Tras haber tenido acceso al borrador, el presidente del ejecutivo asegura que Aragón saldrá perjudicada por los criterios de reparto plasmados en ese Real Decreto que considera un ejemplo de “desigualdad y xenofobia”.

Chema Catalán

Zaragoza |

Gamarra, Azcón y Roberto Bermúdez de Castro (consejero de Hacienda) en la sede del PP de Zaragoza
Gamarra, Azcón y Roberto Bermúdez de Castro (consejero de Hacienda) en la sede del PP de Zaragoza | Partido Popular

El Gobierno de Aragón recurrirá ante los tribunales la modificación de la Ley de Extranjería, sobre el reparto de menores no acompañados, pactada entre el Gobierno de España y Junts y aprobada en Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente, Jorge Azcón, en un acto en Zaragoza junto a al secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

Azcón ha asegurado que ese acuerdo – por el que Cataluña sólo recibiría una veintena de MENAS del total de 4.000 que deben distribuirse por el territorio – es un nuevo ejemplo de desigualdad y también de xenofobia por parte de los independentistas catalanes. Un nuevo ejemplo de pago al independentismo que sólo busca perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Pese a que ayer las comunidades se reunieron en el Consejo Sectorial de Inmigración, el Gobierno no informó acerca de ese pacto. Aun así, Azcón ha explicado que ha tenido acceso al borrador y Aragón no sale bien parada por los criterios que se establecen para el reparto. En cuanto se publique la aprobación del Real Decreto – fórmula usada para modificar la Ley – se recurrirá a los servicios jurídicos del ejecutivo para recurrir ante los tribunales españoles o ante la Unión europea porque va "contra el sentido común y la legalidad". Gamarra, por su parte, ha afirmado que el actual Gobierno no ejerce ningún control de fronteras y que ese acuerdo xenófobo trata como "paquetería" a niños que tienen derechos.

Negociación presupuestaria

Azcón ha dejado claro que, tras los hechos conocidos en las últimas horas, no colaborará con el Gobierno de España en el asunto de la inmigración. Esta postura podría allanar el camino de cara a una negociación presupuestaria con VOX.

Su homólogo en la Comunidad Valencia, Carlos Mazón ha alcanzado un acuerdo con la formación de Abascal, pero Azcón deja claro que Aragón lleva sus propios tiempos y nuestra situación es distinta a la de los valencianos, que requieren con urgencia avances en la reconstrucción. Aun así, Azcón insiste en que su objetivo es aprobar las cuentas de este año. En la negociación deberán respetarse los criterios del PP, como fuerza más votada. "Vox debe decidir si forma parte de las soluciones o de los problemas", ha dicho.

Gamarra se ha referido a la postura de Mazón sobre los requerimientos de Vox en materia de inmigración. Ha dejado claro que la normativa europea (apoyada por el PSOE) ya contempla el retorno de los menores no acompañados a sus familias como un "instrumento útil" en la gestión del problema migratorio.

15.000 viviendas en Aragón

Antes de hablar de esos asuntos, el presidente Azcón y Cuca Gamarra, han dado a conocer en la sede del PP de Zaragoza el Plan de Vivienda con el que los populares aspiran a corregir las subidas de precios, la inseguridad jurídica o auge de la “okupación” que, aseguran, se han derivado de las políticas de Pedro Sánchez. Para aumentar la oferta, facilitar el acceso a la vivienda y bajar precios, proponen medidas fiscales para que los jóvenes puedan ahorrar, facilitar la construcción en terrenos del Estado a través de una nueva Ley del Suelo o el impulso de la nueva Ley contra la “okupación”.

Gamarra cree que el Plan Aragón Más Vivienda de Azcónes un ejemplo de esta política “útil” de vivienda poniendo cifras. Sobre la base de la colaboración público-privada, ese plan prevé la construcción de 15.000 viviendas en los próximos años para facilitar su emancipación a 47.000 jóvenes aragoneses. En los últimos doce meses, se han impulsado viviendas para 2.170 familias. Cifras que contrastan con las del anterior gobierno socialista, que apenas construyo 86 viviendas en 8 años de gobierno.