El Colegio de Educadores Sociales de Aragón está estudiando la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso del centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca. La jueza de Calatayud decretó el ingreso en prisión del director y cuatro trabajadores a los que les imputa, entre otros, los delitos de torturas, vejaciones y agresión sexual a dos de los internos. Estas instalaciones las gestionaban la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz a través de un concierto con el Gobierno aragonés.
Ese pliego establece que haya educadores y técnicos, algo que incumplía este centro, ya que carecía de profesionales formados para atender a niños y jóvenes, de entre 6 y 17 años, con conductas disociales. De hecho, no trabajaba ningún educador social de Aragón, ya que ninguno estaba colegiado. Además, en las últimas semanas varios trabajadores presentaron su dimisión o estaban de baja. El miembro de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio de Educadores Sociales, Pascual Jiménez Bagués, asegura que algunos trabajaban sin formación ni titulación.
En las últimas semanas también había aumentado el número de menores fugados del centro. En total, son nueve los que están en esa situación y la jueza ya ha solicitado a la Guardia Civil que los encuentre para ver si sufrieron tratos degradantes, físicos y psicológicos.
Según el auto judicial, a uno de los menores le obligaron a estar de pie durante varias horas con los brazos en alto y no le dieron de comer durante días. Además, a otra de las adolescentes la insultaban, le daban bofetadas e incluso le quemaban con cigarrillos en los brazos y en las piernas.
El Gobierno aragonés tiene previsto personarse en la causa penal como acusación particular igual que las familias de los menores. Las madres de dos de ellos aseguran que los adolescentes estaban sufriendo "un infierno" en el centro de menores ante la pasividad de la dirección que conocía los hechos.
La Justicia de Aragón ya había recibido quejas sobre maltrato en este centro
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, se ha interesado sobre este asunto y este lunes ha mantenido un contacto con la consejera de Bienestar Social del Gobierno aragonés, Carmen Susín. De hecho, el Justiciazgo recibió una queja por correo electrónico en la que denunciaban abusos a dos menores internos e inmediatamente se pusieron en contacto con la Fiscalía.
Además, la institución ha abierto un expediente de oficio para hacer un seguimiento de la situación; en especial, de los menores que permanecen bajo la guarda y custodia de la Comunidad Autónoma y han sido reubicados en otros centros.
