Se trata de un tributo que empezó a diseñar el anterior Ejecutivo del socialista Javier Lambán, con el que se podrían recaudar hasta 50 millones de euros al año. Al menos la mitad de ese dinero se destinará a un fondo de compensación para los territorios afectados por esas instalaciones.
Otras comunidades como Galicia, Cantabria o Castilla y León ya tienen impuestos similares que gravan el impacto ambiental de las renovables. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, descarta que pueda desincentivar esas inversiones, porque el coste es mínimo en comparación con los beneficios.
Bonificaciones del 99%
Por cada molino, por ejemplo, se pagarían entre 700 y 1.300 euros al mes, según su altura y su potencia. Además, habrá bonificaciones para los nuevos proyectos y exenciones para las empresas que creen riqueza y empleo en el territorio. Esas exenciones y bonificaciones podrán ser del 99%.
Entre los proyectos que entrarían dentro de esa categoría se encuentra el Nudo Mudéjar que se está desarrollando en la provincia de Teruel. La entrada en vigor del nuevo impuesto está prevista a lo largo del primer semestre de 2024.
