El que fuera consejero de Medio Ambiente entre 1999 y 2002, Víctor Longás, ha defendido que el Gobierno siempre usó criterios técnicos y buscó la eficiencia a la hora de adjudicar la construcción de depuradoras. Longás era partidario de crear un canon de saneamiento, el actual ICA, para que todos los aragoneses contribuyeran a depurar las aguas, incluidos los zaragozanos, para quienes propuso una compensación, porque ya tenían depuradora. Por otra parte, el ex consejero valora la labor del Instituto Aragonés del Agua y cree que es un error disolverlo.
También ha comparecido el jefe de Calidad de Aguas de la Confederación del Ebro, Javier San Román, quien ha reconocido que los servicios jurídicos estatales les obligaban a sancionar a municipios que no depuraban, aunque la responsabilidad fuese del Gobierno aragonés. Además, ha justificado el sobre-dimensionamiento de algunas depuradoras porque no querían frenar el desarrollo de los pueblos.