La derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática va a llegar al Constitucional. El Consejo de ministros ha aprobado presentar un recurso al entender que la decisión del Gobierno autonómico PP- VOX incumple el deber de colaboración con el Estado y con la memoria histórica. Además, desde el Gobierno de España creen que la supresión de la ley de memoria invisibiliza al bando democrático y blanquea al franquismo.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha justificado la presentación del recurso asegurando que la derogación de la ley aragonesa elimina la señalización de lugares memorialistas, suprime en la enseñanza el conocimiento y reparación de las víctimas, el mapa de fosas y la información a los colectivos memorialistas. Torres lamenta que el Gobierno aragonés no haya querido sentarse a negociar, a pesar de que lo citaron para llegar a un acuerdo.
La reacción del ejecutivo de Azcón
La vicepresidenta segunda del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha acusado al Gobierno de España de no respetar la autonomía de las Cortes y ha insistido en que la derogación, prometida en campaña electoral por PP y VOX, se produjo con todas las garantías jurídicas pertinentes. Por eso, no temen las consecuencias del recurso, aunque lo asumen con "respeto". También ha recordado que otras comunidades como Galicia o Madrid no tienen leyes de memoria, al no existir ninguna normativa que obligue a ello.
Vaquero cree que, con este movimiento, Moncloa está atacando a todos los aragoneses, a la voluntad expresada en las urnas. Paralelamente, la vicepresidenta ha insistido en que siguen trabajando en un Plan de Concordia centrado en la dignidad y memoria de todas las víctimas que, previsiblemente, se presentará antes de verano.
