Este colectivo ciudadano ha explicado todo lo relativo al proceso judicial en el que está inmerso relativo a este tramo que unirá las autovías A-21 y A-23 a su paso por el norte de la ciudad, de la mano de su abogado Jaime Doreste.
Actualmente este colectivo ciudadano tiene abierto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra el ministerio de Fomento y Transición Ecológica, que pretende demostrar de la declaración de Impacto ambiental que se realizó en 2001 para la variante de Jaca, no tiene validez 20 años después, dado que han cambiado muchos condicionantes.
La presidenta de la asociación Jaca sin Perder el Norte, Margarita Langa, ha señalado que “no queremos perjudicar a nadie, ni a los vecinos del sur de Jaca ni a los del norte, sólo pedimos justicia, empatía y honestidad en las declaraciones”, esto último en relación a lo dicho respecto a esta cuestión desde el Ayuntamiento de Jaca, que también está en el proceso judicial.