Después de unas intensas negociaciones entre los grupos parlamentarios, las Cortes de Aragón han aprobado este jueves la ley que regula el nuevo impuesto a las instalaciones de energías renovables, incluyendo tanto a las plantas eólicas como a las fotovoltaicas. El Gobierno autonómico espera recaudar entre 26 y 28 millones de euros al año. Y el 65%, como mínimo, se destinarán a los municipios afectados por esas instalaciones.
La coordinadora de la ponencia y diputada del Partido Popular, Blanca Puyuelo, destaca que han reducido el gravamen casi a la mitad de lo previsto inicialmente. "Esta ley va a permitir a la gente del territorio beneficiarse de este tipo de industrias, que hasta ahora dejaban pocos beneficios donde estaban implantadas y, además, es un impuesto que no va a expulsar ni impedir nuevas inversiones en renovables, porque su impacto en las empresas estará por debajo de la media española"
La tramitación de esta ley ha generado discrepancias entre los socios de Gobierno que lo impulsaron, PP y Vox, ya que esta última formación rechazaba la rebaja planteada por los populares, jactándose de "no ceder ante la presión del lobby fotovoltaico". Finalmente, el texto ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE, y con críticas del resto de la oposición, incluido el Partido Aragonés, que no ve garantías suficientes de que el dinero recaudado revierta en el territorio.
El diputado socialista, Óscar Galeano, ha defendido la creación del impuesto por coherencia con la propuesta que ya hizo el anterior Ejecutivo de Lambán, destacando "la responsabilidad y la generosidad" del PSOE. Pilar Buj, de Teruel Existe, lamenta que vayan a pagar lo mismo todas las empresas, sin importar el impacto real que generen en el paisaje. "Va a ser café para todos", ha asegurado.
