La huelga indefinida en el transporte sanitario urgente ha arrancado hoy con incidentes, ya que en Huesca 18 ambulancias han sido dañadas. Por ejemplo, a un vehículo de Soporte Vital Básico en Barbastro le han quemado las cuatro ruedas. Lo mismo ha ocurrido con la UVI Móvil, que ha quedado inutilizada por daños en los neumáticos, parabrisas, espejos y en la puerta.
El Departamento de Sanidad ha interpuesto una denuncia ante la Policía y el 061 y Asistencia Sanitaria trabajan en reparar las ambulancias dañadas. Confían en que en 48 horas se hayan hecho las reparaciones necesarias.
A pesar de todo, han podido garantizarse todos los traslados de pacientes oncológicos, diálisis, incluso altas hospitalarias en la provincia, pero se han producido “pequeñas demoras” en los traslados programados y urgentes, gracias al uso de otros vehículos.
La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha condenado estos hechos que solo consiguen poner en peligro la salud de los ciudadanos. Confía en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esclarezcan los hechos cuanto antes.
La negociación del nuevo convenio
Los conductores de las ambulancias denuncian que cobran apenas 1.100 euros brutos y el convenio lleva caducado desde 2019. Ese es el motivo del inicio de la huelga. Aunque el año pasado se intentó firmar uno, fue recurrido judicialmente, y no se han aplicado las mejoras de las condiciones laborales. Los servicios mínimos en urgencias son del 100% y del 85% en el transporte programado.
El objetivo es evitar el impacto de la huelga en la salud de los pacientes que necesitan atención urgente. Repollés dice respetar la movilización, pero recuerda que el nuevo pliego del transporte incluye mejoras salariales importantes para los trabajadores de las ambulancias. Cree que, en febrero, cuando la empresa Tenorio e Hijos empiece a prestar el servicio, retomará la negociación del convenio.
La empresa adjudicataria del nuevo servicio de ambulancias ha recibido denuncias y críticas en otras CCAA, pero Repollés ha insistido en que ha cumplido con todos los requerimientos. Eso sí, el propio pliego recoge la fiscalización de la prestación del servicio, por lo que sería sancionada en caso de no cumplir con sus obligaciones.
