El sector aragonés de la construcción estima que en el último año la actividad ha descendido cerca de un 27%, lo que deja en el aire 5.000 puestos de trabajo en este sector en el que no remontan las cifras de empleo. Además, los visados para nuevas viviendas han caído un 17%. Las Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO reivindican a las administraciones que se eliminen las muchas trabas burocráticas o normativas que lastran el desarrollo de la actividad.
Propuestas que trasladan a los partidos políticos que aspiran a gobernar tras el 28 de mayo y con las que piden, por ejemplo, la incentivación de la Vivienda Protegida, reducir y acortar los trámites para poner en marcha las máquinas, fomentar la rehabilitación o rebajar el impuesto de construcción y obras en ciudades como Zaragoza, donde se "penaliza" a los edificios nuevos energéticamente más eficientes.
También exigen medidas que permitan revisar los precios de licitaciones públicas, ya que los incrementos inesperados de costes de materiales provocan el abandono de obras o que los concursos queden desiertos.
Además de corregir los obstáculos a la construcción, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, Juan Carlos Bandrés, reivindica que la administración, en vez de dar ayudas al alquiler, avale la compra de vivienda de los jóvenes para que puedan convertirse en propietarios.