Aunque el número total de accidentes se redujo en 2023, los mortales y los graves se han incrementado respecto a 2022, y el tiempo medio que se tarda en conseguir una sentencia firme que determine la posible responsabilidad del empresario es de cinco años y medio. Por eso, el fiscal de sala de la Unidad especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, ve imprescindible crear juzgados especializados que agilicen los procedimientos. También considera necesario actualizar la legislación de seguridad laboral, que está vigente desde 1995.
La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha insistido en que trabajan para incrementar la prevención y la formación. En ese sentido, van a estudiar el programa que Madrid ha implantado en las escuelas para replicarlo en nuestra Comunidad Autónoma.
Vaquero ha precisado las diferentes iniciativas ya aplicadas y encaminadas a afrontar ese problema desde muy diversos frentes, como los 440.000 euros anunciados en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral para la puesta en marcha de programas de prevención de riesgos laborales en acuerdo con la patronal y los sindicatos. Unas iniciativas que se desarrollarán hasta septiembre de 2024, en virtud del acuerdo de reparto publicado en el Boletín Oficial de Aragón, que determinó que CEOE, CEPYME, UGT y CCOO recibieran 110.000 euros cada una de ellas para este fin.
