El Gobierno aragonés se ha comprometido a poner en marcha medidas para frenar los accidentes laborales en Aragón. Y es que en lo que llevamos de año 30 trabajadores han perdido la vida mientras desempeñaban su labor, seis más que durante todo el año pasado. En una comparecencia ante las Cortes, el director general de Trabajo, Jesús Divasson, ha señalado que la prioridad es la prevención de riegos e insistirán al Ministerio para que dote a nuestro territorio del número de inspectores pactado hace ya dos años.
Divasson también ha reiterado su intención de poner en marcha una campaña de publicidad para fomentar la prevención y cubrir las plazas vacantes en el Instituto de Salud Laboral de Aragón. Además, pondrán en marcha una red centinela con los médicos de los centros sanitarios y mutuas para detectar enfermedades profesionales.
Por otro lado, Divasson ha dejado claro su interés de impulsar planes de igualdad en las empresas y pactar con los agentes sociales un acuerdo colectivo autonómico.
La postura de UGT
Para combatir este problema de la siniestralidad laboral, los miembros de UGT Aragón proponen al ejecutivo autonómico la creación de la figura de delegado territorial de prevención que coordine todas las acciones que se lleven a cabo.
El secretario general de UGT-Aragón, José Juan Arceiz, ha incidido además en la necesidad de extender la formación de los delegados a todos los trabajadores en todos los sectores, especialmente en las empresas de menos de 50 trabajadores, que son en las que más trabajadores pierden la vida.
Desde el sindicato recuerdan que el nuevo Gobierno de España debe trabajar en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En una asamblea de delegados de UGT en Zaragoza, el líder del sindicato a nivel nacional, Pepe Álvarez, ha abogado por dar la consideración adecuada a la salud mental y a las patologías no traumáticas, como infartos o ictus, que están detrás de una de cada tres muertes laborales.
Fábrica de baterías
La asamblea de UGT-Aragón también ha analizado la actualidad política nacional y autonómica, la creación de tres centros de datos de Microsoft en el valle del Ebro, confirmado por la compañía, o la posibilidad de que Stellantis ubique aquí su gigafactoría de baterías eléctricas. Para lograr ese objetivo, Arceiz, pide más apoyo del Gobierno de España. En la línea de lo que han planteado la propia compañía o el ejecutivo autonómico, Arceiz espera que finalmente aumente la consignación de algo más de 63 millones de euros concedida a Stellantis en el PERTE II del vehículo eléctrico y conectado.
