Fuentes del Gobierno de España han confirmado que tienen previsto llevar este asunto a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Por ejemplo, el Ejecutivo Central recurrirá al Relator especial sobre verdad, justicia y reparación de Naciones Unidas para evaluar los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
Plantearán ante el Consejo de Europa que la derogación de esa norma autonómica podría violar varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Abrirán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Además, informarán de la gravedad de la situación y solicitarán la elaboración de un informe ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
En el Parlamento Europeo promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno para su debate y votación por parte del Grupo S&D (Socialists and Democrats). En este sentido, el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien impulsó esta norma durante su gestión, confía en que Tribunal Constitucional deje claro que el derecho a la memoria personal es esencial.
