El Gobierno autonómico ha querido dejar claro que el resto de restricciones seguirán vigentes, gracias a la ley aragonesa que regula los niveles de alerta durante la pandemia. Es decir, no habrá agrupaciones de más de seis personas, o cuatro en el interior de los bares, y los establecimientos no esenciales seguirán cerrando a las diez. El Ejecutivo podrá seguir ordenando cierres perimetrales, y de hecho prorrogará los que están vigentes si es necesario, pero ya no se confinará el conjunto de la Comunidad Autónoma, como ha explicado la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Dudas jurídicas
A partir del 9 de mayo, cuando el Estado de Alarma pierda su vigencia, el Gobierno aragonés aplicará confinamientos locales y otras restricciones amparándose en la Ley autonómica 3/2020, la única de estas características que se ha aprobado en España. Aunque el Partido Popular ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de esa norma, nadie la ha recurrido ante los tribunales y el Ejecutivo insiste en su validez. En virtud de esa ley, cualquier cierre perimetral se aprobará de forma inmediata mediante un decreto en el BOA, y tendrá una vigencia de 30 días, en los cuales deberá ser ratificado por el Parlamento autonómico.
