El Gobierno aragonés impulsará esta legislatura una Ley de Función Pública, planes de prevención de riesgos laborales para todos los funcionarios y expedientes digitalizados, para llegar a 2027 sin el archivo analógico, que ahora mismo acumula 93 toneladas de papel. Además, ya se ha puesto en marcha el servicio de denuncias anónimas para alertar sobre casos de corrupción y se están redactando protocolos para situaciones de acoso laboral.
Son algunos de los objetivos que ha desgranado en las cortes el director general de Función Pública, Antonio Villacampa. También ha destacado el refuerzo de personal del Instituto Aragonés de la Administración Pública, que ya está desatascando los procesos selectivos pendientes.
"No solo se han convocado las plazas. También se han sacado listas provisionales, listas definitivas, tenemos tribunales para la realización de las pruebas selectivas, tenemos varias fechas de exámenes previstas para junio, julio y septiembre, que se publicarán mediante notas informativas. Y hemos decidido eliminar el periodo de prácticas para el acceso a la función pública", ha explicado.
