Por ejemplo, el Ejecutivo aragonés tiene previsto contratar en un plazo máximo de diez días a 86 nuevos auxiliares de educación para atender a alumnos con necesidades especiales. El diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha señalado que la ausencia de estos profesionales está causando malestar entre las familias. La consejera de Educación, Claudia Pérez, ha recordado que el anterior ejecutivo no contrató a esos auxiliares y que van a realizar una modificación de crédito de un millón de euros para incorporarlos.
Además, el grupo parlamentario socialista ha acusado al Gobierno aragonés de cancelar unas charlas sobre valores sexuales afectivos en los colegios aragoneses. Sin embargo, la consejera Pérez ha explicado que el Ministerio es el que organiza esos ciclos. El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, teme que la presencia de Vox pueda generar un retroceso en igualdad. En cambio, la consejera señala que van a reforzar las medidas para evitar el acoso y violencia en las aulas y por Internet.
100 plazas de enfermería
El Gobierno aragonés convocará, en breve, 100 plazas fijas para cubrir puestos de enfermeras. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha explicado que es un primer paso para incrementar las plantillas, tal y como se comprometieron. Bancalero también ha reiterado que los hospitales de Teruel y Alcañiz no estarán operativos hasta el año 2025. Un retraso que achaca a que el anterior ejecutivo no planificó el equipamiento de esos centros ni los accesos.
Más inspectores de trabajo
La consejera de Economía, Mar Vaquero, ha anunciado que, además de convocar la Mesa del Diálogo Social en octubre, ha enviado una carta a la ministra de Trabajo para que incremente las plantillas de inspectores. En Aragón, se calcula que tendría que haber 91 profesionales. Vaquero respondía así a una interpelación de su antecesora, la diputada socialista Marta Gastón, sobre el preocupante aumento de la siniestralidad laboral.
Vivienda y carreteras
El PSOE ha aprovechado la sesión de control para exigir al Gobierno autonómico un plan de vivienda. La diputada socialista, Beatriz Sánchez, lamenta que en el acuerdo PP-Vox, cinco de las siete medidas se dirijan a prevenir la okupación ilegal. El consejero, Octavio López, asegura que ya trabajan en cuatro programas específicos para fomentar la promoción de vivienda protegida, ayudar a las familias en la compra y rehabilitar nuevos alojamientos junto a los pequeños ayuntamientos.
El consejero de Fomento también ha anunciado que esperan adjudicar antes del verano de 2024 el Plan Extraordinario de Carreteras que impulsó el Gobierno anterior. Esta iniciativa pretende reformar, renovar y mantener las vías autonómicas. La inversión, de 958 millones de euros, la adelantarán las empresas privadas que obtengan una concesión durante los próximos 25 años. López ha insistido en que la mejora de la red autonómica es una prioridad.
