Desde el 6 de enero, las empresas tabacaleras tenían que hacerse cargo de la limpieza y gestión de las colillas en las calles, playas y espacios públicos. Al menos debería ser así, pero, como sucede con otras normas, no se ha establecido el cómo hacerlo ni hay un reglamento. Esta medida va en la misma orden que el impuesto para los plásticos en el que se incluyen a los fabricantes y que no figura cómo va a repercutir a los consumidores.
Celia Ojeda, responsable de la campaña de Consumo y portavoz de Greenpeace, valora esta medida como algo positivo ya que, por lo menos, hay normativa. Son millones de colillas que, además, son muy contaminantes porque contienen productos cancerígenos y tardan mucho tiempo en descomponerse por lo que todos sus componentes se van liberando en el suelo y llegan a los acuíferos.
Desde Greenpeace urgen a que se regule la normativa y que el coste de la recogida y gestión, al igual que en los plásticos, los asuman los productores y que no repercuta en el consumidor. Para que se implantar con seguridad, alguna de las propuestas que apunta Ojeda pasan por lo que se hacen en otros países como la colocación de pequeños contendores destinados a las colillas o que haya un retorno si el fumador lleva las colillas a un lugar preparado para ello como se hace, por ejemplo, con botellas de vidrio.
