El Justicia reclama clases presenciales para el próximo curso

El Justicia de Aragón abrió el año pasado 59 expedientes relacionados con la infancia, 28 de ellos de oficio. Esto supone que las quejas de los ciudadanos descendieron un 25%, sobre todo en el ámbito de la atención temprana y en los procesos de adopción, donde las administraciones realizaron las mejoras sugeridas por el Justicia. Por otra parte, se ha constatado que el 60% de los menores se concentran en la comarca central de Zaragoza, y eso provoca agravios en el mundo rural, donde escasean los pediatras y hay rutas escolares excesivamente largas.

En el informe de 2019, que hoy se ha presentado en las Cortes, el Justicia de Aragón recomienda subsanar esa discriminación en el medio rural, retomar la tramitación de la nueva Ley de la Infancia, avanzar en la equiparación de las familias monoparentales con las numerosas y ampliar la tutela de los jóvenes con discapacidad intelectual hasta los 21 años. El Justicia, Ángel Dolado, recuerda que el 22% de los menores aragoneses vive en situación de pobreza. Por ello, celebra la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y pide que se vigile su integración en el próximo curso escolar.

"La pandemia ha demostrado que la brecha digital afecta a los más vulnerables. La tenemos en etnias gitanas, en extranjeros, en familias donde los padres trabajan pero cobran salarios que no son dignos... Las administraciones públicas tienen que poner toda la carne en el asador para intentar que las clases del próximo curso escolar sean presenciales", ha afirmado Dolado. "Porque para esos niños la escuela es mucho más que un centro de educación, es donde desayunan, comen, socializan, y donde tienen la posibilidad de estar amparados y usar el ascensor social que les permita salir de esa vulnerabilidad", ha añadido.

MENORES TUTELADOS

Por primera vez, desde el Justiciazgo se han realizado visitas a todos los centros de menores, para comprobar cómo viven los 420 jóvenes tutelados por el Gobierno aragonés. A raíz de esas visitas, se han abierto 28 expedientes, donde se recomienda al Ejecutivo mejorar las condiciones de los profesionales y agilizar los trámites para que los adolescentes de 16 y 17 años puedan obtener su permiso de residencia y acceder al mercado laboral.

De esos 420 menores tutelados, 247 son extranjeros no acompañados, los denominados “menas”. Sobre este colectivo, el asesor del Justicia, Andrés Esteban, recuerda que a principios de 2019 se desató una ola de rechazo social hacia estos jóvenes, a los que se vinculaba con la delincuencia. Afortunadamente, esa situación ya se ha corregido.

Durante esta crisis sanitaria, además, solo tres menores tutelados han sufrido síntomas de coronavirus, y todos ellos han pasado la enfermedad en su domicilio habitual.