Los procesos de valoración durarán, al menos, 30 días y serán sumamente escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos que marca la nueva ley. Y es que decidir sobre la propia vida cuando hay un sufrimiento extremo sin esperanzas de curación o alivio es personal, pero acarrea importantes connotaciones emocionales, médicas o jurídicas.
Uno de los responsables de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Mariano Berges, considera que la aplicación de esta ley será compleja, ya que habrá que acotar criterios como el del sufrimiento o dolor insoportable, un concepto fundamental para la valoración de las solicitudes, pero que en realidad resulta bastante subjetivo.
Berges recuerda que la ley cuenta con un gran apoyo popular, como demuestran encuestas que aprueban la eutanasia casi en un 90%, y que revelan un aumento del apoyo a la muerte digna según se incrementa la edad de los encuestados, especialmente si han sido cuidadores de personas que han sufrido largas y dolorosas enfermedades.
