Como culminación a una investigación relacionada con un delito contra el derecho de los trabajadores, la Policía Nacional de Huesca localizó en una finca rural en las cercanías de Huesca, unas instalaciones en las que se alojaban un gran número de personas en su mayoría ciudadanos extranjeros. Un hecho que motivó el pasado día 13 de diciembre una inspección en la que se pudo confirmar como su dueño había realizado obras que la convertían en un establecimiento “hostelero”, ya que había habitaciones numeradas al estilo de un hotel, y pequeños apartamentos donde se hospedaban numerosas personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, muchos de ellos en situación irregular.
Además, el establecimiento carecía de los permisos municipales, autonómicos y de licencias. Tampoco disponía de un registro de los clientes que alquilaban dichas habitaciones, ni trasladaba a la policía la comunicación preceptiva de los datos de identidad de los mismos.
En la inspección se averiguó como el responsable de dicha finca tenía empleada desde hace unos tres años a una ciudadana extranjera que se encuentra en situación irregular en España, careciendo de autorización de trabajo y permiso de residencia, encargada de las labores domésticas en el establecimiento hostelero, y a la cual imponía condiciones laborales abusivas, contraviniendo la legislación laboral aprovechando su estado de necesidad.
Por todo ello, los agentes detuvieron al titular de la finca, un varón vecino de Huesca, de 80 años de edad, como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, quien tenía antecedentes policiales previos por hechos similares.
A todo lo averiguado, se pudo concluir, también, que el propietario alquilaba un salón de grandes dimensiones para celebrar eventos careciendo de ningún tipo de autorización; y una nave industrial para reparar vehículos de motor, incumpliendo todo tipo de normativa medio ambiental y de reciclaje de residuos.
El titular de la citada finca, además de ser detenido, fue propuesto por los agentes intervinientes como responsable de varias sanciones administrativas, entre ellas el incumpliendo de la normativa con la extranjería, relaciones laborales, la ley del turismo, medio ambiente, la seguridad social, legislación urbanística municipal y de control de huéspedes. Ascendiendo el total de los propuestos para sanción a unos 200.000 euros.
