El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, convocará hoy a los responsables del Gobierno de Aragón a un encuentro bilateral para tratar la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. Si Azcón se niega a participar, el ministro amenaza con llevar el asunto al tribunal Constitucional.
Así lo ha reiterado el ministro tras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha vuelto a defender el rigor del informe de los relatores de la ONU, en el afirman que la ley aragonesa de derogación vulnera los derechos humanos, invisibilizando a las víctimas del franquismo.
El ministro Torres, que critica que la norma iguale un periodo democrático como la II República con la dictadura, ha calificado de “excentricidad” que Azcón haya enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y ha instado al ejecutivo a rectificar. “Apelamos a la responsabilidad y también a que enmendemos esa Ley aprobada en las Cortes de Aragón”, ha dicho Torres.
El fin de semana pasado, el vicepresidente de VOX del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, descartó participar en la bilateral y sacó pecho de la modificación. En este sentido, Torres ha pedido al PP que "haga lo lógico" y se siente a la mesa con representantes del Ministerio.
Azcón no descarta acudir a la bilateral
El presidente Jorge Azcón, en un acto en la Expo antes de la reunión de los ministros, no ha descartado acudir a la bilateral, pero ha insistido en que se trata de un acto electoralista del PSOE, que ”siempre aprovecha el periodo de campaña para resucitar a Franco”. Reitera que los relatores de la ONU han hecho un informe de parte, y que o bien han mentido o se han equivocado en sus conclusiones.
Azcón cree que una comisión bilateral debería convocarse con un orden del día que incluya las preocupaciones reales de los aragoneses, como la financiación autonómica, la vivienda o las infraestructuras pendientes. Y advierte a Moncloa de que con el Gobierno de Aragón “no se juega”.
Azcón ha coincidido con el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, y ambos han podido explicar sus argumentos. Beltrán insiste en que el informe de la ONU es impecable, sin errores ni bulos, y defiende que existen dudas sobre la constitucionalidad de la ley aragonesa que deroga la ley de memoria democrática. Además, critica que se aprobara por el procedimiento de lectura única en las Cortes, cuando esa fórmula debe reservarse a asuntos en los que exista un amplio consenso. Azcón sostiene que PP y Vox tenían derecho a ejecutar su acuerdo político y recuerda que en el Congreso también se recurre a la lectura única en normativas sin consenso.
