El vicepresidente y consejero de Justicia del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ha vuelto hoy a relacionar inmigración ilegal con delincuencia, en base a los datos del observatorio contra la violencia de doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial - del que forman parte abogados, procuradores, varios ministerios y CC.AA. - que reflejan que hay mayor proporción de condenados extranjeros que españoles tanto por delitos penales en general como por violencia contra la mujer. En 2023, por ejemplo, fueron condenados el 92,7% de los 506 españoles enjuiciados en los juzgados de violencia de género. El porcentaje sube al 96,7% en el caso de los extranjeros. 410 se sentaron en el banquillo.
Nolasco interpreta que el dato es significativo, teniendo en cuenta además que la población extranjera es inferior en peso demográfico. Reconoce que le van a llover las críticas de la oposición y se adelanta. Acusa a Gobierno anteriores de no dar a conocer estos datos sobre la procedencia de los condenados. “Ven esas cifras y no son capaces de elaborar ninguna reacción”, ha dicho Nolasco. “Les genera indiferencia que un extranjero tenga una probabilidad cuatro veces superior a la de un español a ser condenado en Aragón en un juzgado de la mujer”. “Estos datos los tenía el anterior Gobierno de Lambán pero no los hacían públicos porque tienen fobia a la verdad”.
Aunque las cifras no discriminan entre inmigrantes ilegales o legales, Nolasco cree que muchos o la mayoría de los delitos los cometen personas que entran en el territorio de forma irregular. En ese sentido, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de permitir la entrada masiva de personas “de los que no sabemos nada”.
Denuncias falsas
En su rueda de prensa también ha atribuido las cifras de absoluciones por violencia machista a las denuncias falsas. En juzgados de la mujer, “un 5,5% de los enjuiciados fueron absueltos". "Con esto quiero decir que es un hecho que las denuncias falsas existen por lo que nunca vamos a criminalizar al varón por el mero hecho de serlo”.
El vicepresidente insiste en conocer con detalle los perfiles de los reincidentes y en el endurecimiento de condenas, en contraposición a la Ley del “Sólo sí es sí” del PSOE y Podemos.
