El sistema de Atención a la Dependencia cuenta en estos momentos con 33.033 beneficiarios en Aragón, un 19% más que hace un año y prácticamente el doble de los que había en junio de 2015, cuando arrancó el primer Gobierno de Javier Lambán. Alrededor de la mitad de estas personas reciben una ayuda económica para los cuidadores del entorno familiar, un 20% cobran una prestación vinculada a un servicio y el resto se benefician de la tele-asistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o la atención residencial.
Tras varios años de incrementos, en 2019 se ha podido recortar la lista de personas que esperan una valoración, hasta las 2.732. A ellas se suman, ahora mismo, otros 6.236 dependientes que ya tienen reconocido su derecho a una prestación pero todavía no la reciben.
El Gobierno confía en conseguir, a finales de este año, que el tiempo medio de espera se sitúe en los seis meses marcados por la ley, cifra que ya se cumple en la provincia de Teruel, mientras que Huesca y Zaragoza la superan en dos meses.
La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha señalado que, desde su entrada en el Gobierno en 2015, la plantilla del sistema de dependencia ha pasado de 76 a 121 trabajadores. Además, el presupuesto ha aumentado un 28% hasta los 232 millones de euros. En cambio, el Estado solo aporta 39 millones, lejos del 50% del gasto global que marca la ley. Por eso, Broto insiste en que reclamarán un mayor compromiso del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
