El sindicato educativo ANPE ha detectado 50 casos de acoso y violencia a profesores durante el curso 2022-2023 en el Principado de Asturias, lo que supone un aumento del 38,88% respecto al curso pasado, cuando fueron 36 casos. En la mayoría de las ocasiones, los responsables de estos actos son los padres.
Esta es una de las principales conclusiones del informe del servicio del defensor del profesor elaborado por la coordinadora del servicio en ANPE Asturias, Montserrat Fernández, quien ha presentado en rueda de prensa el documento junto a la delegada de Secundaria en ANPE, Mariela Fernández.
11 AGRESIONES FÍSICAS
Los 50 casos de este curso --44 en centros públicos-- marcan un récord en la cifra de docentes atendidos por el sindicato desde que se puso en marcha esta figura en 2006. En el curso 2019-2020 se registró el mismo número de casos. En esta ocasión, por primera vez se han igualado los casos en Primaria (20) y Secundaria (19). De los 50 casos, 11 han sido agresiones físicas al profesorado.
Entre los tipos de agresiones, se han dado casos de cuadros de ansiedad, coches rayados, reseñas negativas en internet, grabaciones sin consentimiento, amenazas y agresiones de padres, acoso psicológico, amenazas de alumnos, insultos y golpes. De las 50 denuncias mencionadas, solo dos llegaron a la vía judicial. Ambos episodios, una agresión física y un caso de ciberacoso, se quedaron en una multa.
EL ACOSO VÍA 'TEAMS'
El ciberacoso ha aumentado de un caso el curso anterior a 8 en 2022-2023, lo que supone un 700% más. Mariela Fernández ha explicado que las nuevas tecnologías "han entrado en la vida de todos" y especialmente en la de los jóvenes. En este contexto, los alumnos "muchas veces" utilizan de manera errónea las nuevas tecnologías, "como un arma", llegando a crear cuentas falsas para comunicarse con sus profesores. Montserrat Fernández destaca, además, el mal uso de la herramienta TEAMS por parte de alumnos y padres: "A partir de la Pandemia, también, en el curso 2019-2020, se empezó a utilizar el TEAMS; una herramienta del profesorado en la que hay un chat, que puede quedar abierto, y el alumnado puede mandar mensajes. A veces el profesorado lo tiene conectado con el móvil porque necesitamos estar pendientes de si los alumnos entregan o no las tareas y nos llaman los profesores diciéndonos que lo habían tenido que desconectar porque les entraban mensajes a la una, las dos e incluso las tres de la mañana. Además de un bombardeo continuo de correos, en sus respectivas cuentas personales, de padres porque no les contestaban".
"Es necesario educar en buenas prácticas de los dispositivos desde pequeños", ha abundado Mariel Fernández, asegurando que una eventual prohibición del uso de dispositivos tecnológicos en los colegios "solo mete debajo de la alfombra" un problema al que los menores también se tendrán que enfrentar en sus casas.
RUEGOS Y PETICIONES
Frente a este escenario, ANPE reclama la rebaja de las ratios y el impulso de la figura del coordinador de bienestar, ya que se trata de un recurso al que solo se dedican dos horas semanales. También demandan un programa de prevención de acoso escolar; el cumplimiento de los decretos de convivencia; un plan específico de formación del profesorado ante conflictos de convivencia escolar; la asistencia jurídica y psicológica gratuita; el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedad profesional; el compromiso de la Administración para el tratamiento rehabilitador de los agresores; y una campaña de concienciación social.
Montserrat Fernández ha reclamado además mayor apoyo a la consejería de Educación en la defensa y protección de los docentes ante las posibles agresiones que se produzcan: "Cuando hay un caso de agresión, se realiza un informe, hay un protocolo que elabora la consejería de Educación, dependiendo de si me agrede un alumno o un padre. Eso en teoría va a la Consejería pero esta le dice al centro: 'Hazte tú caso y soluciona el problema'. Solamente llega a consejería aquel docente que quiere denunciar y la Consejería le puede prestar apoyo o no. El año pasado nos llamó una profesora diciendo que la Consejería le había dicho que se buscara su propio abogado y que lo pagara ella. Eso no puede ser. Yo trabajo para una empresa y es ella la que me tiene que facilitar la asistencia jurídica gratuita".
