La organización Asturias Ganadera ha ofrecido este martes una rueda de prensa para exigir la paralización del sondeo minero previsto para los montes de Peñamayor. El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha hablado de "atropello" por parte de la Administración, un término que también utilizó la coordinadora de Montes Vecinales, Victorina Rodríguez, que también estuvo presente en la citada comparecencia ante los medios, junto a vecinos de la zona.
En concreto, han cargado contra el proyecto de investigación Astur A y tramitado por un conglomerado de empresas inglesas que busca explorar la presencia cobalto, cobre, níquel, oro y plata en una superficie que afecta a los concejos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña.
Valladares se ha mostrado muy crítico con el gobierno dirigido por el socialista Adrián Barbón y especialmente con los consejeros Nieves Roqueñí y Ovidio Zapico porque "venden" el territorio y a sus habitantes "a los intereses de las grandes multinacionales".
Afirma que hubo "falta de información" y "opacidad" a la hora de tramitar el expediente y que según el estudio publicado, los sondeos llegarán a más de 300 metros de profundidad, lo que puede "afectar enormemente" a los manantiales, tanto en posibles cambios de curso como en la contaminación que sufrirían. Advierte además de la probable proliferación de pistas pensadas para los sondeos.
Valladares ha añadido que desconfía de la capacidad del Gobierno asturiano a la hora de controlar los efectos adversos que puedan producirse. En este sentido, ha comentado que gobernando PSOE e IU ya hicieron una "pésima gestión" en la mina a cielo abierto de Ibias.
En la rueda de prensa también ha intervenido un vecino de Nava, Noel Pruneda, quien ha dicho que aunque no tienen certezas de que se haya hecho aún nada, tienen la "sensación" de que ya se han tomado muestras en la zona.
Han presentado un recurso de reposición ante el Principado, pero no esperan contestación antes del día 26 de agosto. Pruneda también ha dicho que han conseguido más información del proyecto en Reino Unido que en España, dado que allí se protegen más los derechos del acceso a la información por parte de los ciudadanos.