Los cuatro ganaderos investigados por un presunto delito de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad durante la tractorada que colapsó el centro de Oviedo en febrero de este año creen que su imputación es un intento de Principado y Delegación de Gobierno de "amedrentar" al sector primario.
El coordinador del sindicato agrario URA, Borja Fernández, ha atendido a los medios frente a la sede de Presidencia acompañado por la abogada de los cuatro investigados, Ana Vallina, y dos de los afectados, José Manuel Álvarez y David Álvarez.
Borja Fernández ha asegurado que de las movilizaciones de febrero salió un acuerdo de ocho puntos firmado con la Consejería de Medio Rural y otro acuerdo con Delegación del Gobierno en el que se acordó que si ese día se levantaba el parón indefinido en la calle Uría, donde se aparcaron 200 tractores, "no se iba a proceder con represalias a los participantes en la manifestación". "La sorpresa llega cuando cuatro ganaderos participantes se ponen en contacto con nosotros porque les llega una citación para presentarse en el juzgado", ha relatado.
Estos ganaderos, ha explicado, están siendo asesorados y apoyados por el equipo jurídico de URA, organización agraria que, asegura Fernández, va a llegar con ellos "hasta el final". El líder de URA ha lanzado también un mensaje al Principado y la Delegación del Gobierno, resaltando que si creen que les van a "amedrentar con amenazas de este tipo", están "muy confundidos". "Lo que están es dándonos más fuerza para continuar", ha defendido.
Por su parte, la abogada Ana Ballina ha explicado que en las diligencias previas que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo "no hay prueba en contra de ellos". "Lo único que han hecho mis cuatro representados ha sido acudir a la manifestación en defensa de sus intereses y de sus familias y de sus compañeros", ha defendido, para después sostener que esta investigación "se debe a una artimaña" o a "un mecanismo de presión para que el colectivo cese en sus reclamaciones y en estas protestas".
La letrada ha asegurado que los cuatro investigados acudirán a declarar este martes a las 10.00 horas en el juzgado, ya que "no tienen nada que ocultar". Así, la abogada ha mostrado su sorpresa porque se haya investigado a estos cuatro manifestantes "cuando no ha ocurrido ningún hecho significativo que les diferencie de los demás".
Uno de los investigados, José Manuel Álvarez, ha asegurado que lo único que hizo en la manifestación fue apoyar al sector. "Que yo sepa, no pegamos a nadie, ni quemamos un condenador, ni hicimos nada", ha defendido. Del mismo modo, David Álvarez ha defendido que él y sus tres compañeros hicieron "lo mismo que los demás". "Creemos que es una medida de presión para que en futuras movilizaciones la gente se acobarde más", ha asegurado.
LAS REUNIONES CON EL PRINCIPADO
El coordinador de URA ha recordado que el día de la manifestación que pasaron la noche en la calle, los convocantes tuvieron una "reunión informal" con la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y con "un representante" de la Delegación del Gobierno del que no ha querido decir el nombre.
En esa reunión, relata, esa persona "aseguró" que si se levantaba el parón "no iba a haber represalias" y que se iba a "tratar el tema de la mejor forma posible por todas las partes".
"Quedamos a dormir, al día siguiente tuvimos la reunión con la Consejería, donde salió el acuerdo firmado, y en esa misma reunión yo principalmente mandé llamar a esa persona para ver si seguía vigente el acuerdo que habíamos hecho el día anterior, de no haber represalias. Se llamó a esa persona en la misma reunión, con el consejero en la mesa y con la directora general, y la postura del día anterior se mantenía", ha asegurado.
Así, los ganaderos entendieron que los manifestantes podrían irse a sus casas sin represalias siempre que se levantase el parón al término de la reunión. "Nosotros cumplimos, nos fuimos como vinimos, sin romper nada, quiero subrayarlo, sin romper nada", ha defendido.
Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado que no se prometió "nada" a los manifestantes porque "sería prevaricación". Además, han asegurado que la Delegación del Gobierno "no tiene nada que ver" con la llamada a declarar de los cuatro investigados, ya que la vía de la Delegación es administrativa, y la que afecta a los cuatro ganaderos es penal.
