Martín ha argumentado que les ha alentado a recurrir el fallo judicial el que la propia sentencia apunta a la "complejidad y singularidad" del asunto y que alude a "composiciones jurídicamente sostenibles".
Ha incidido en que el fallo judicial hace mención a que el informe económico que acompaña a la ordenanza es "insuficiente". Sin embargo, no cuestiona los objetivos de la demanda. Ha recalcado que los efectos jurídicos de la ordenanza se alargan en el tiempo, por lo que los ingresos vendrían condicionados, entre otras cosas, por unas Ordenanzas Fiscales marcadas para cada año. Incluso ha indicado que las restricciones que recoge la ordenanza tienen un impacto económico "muy pequeño", a lo que ha apuntado que las siguientes medidas que registren la circulación a vehículos si etiqueta ambiental serán de aplicación en 2026, si bien se acordó revisar estas en 2025.
Preguntado por la apreciación que hace la sentencia acerca del coste que puede implicar, especialmente a actividades profesionales que tengan que cambiar el vehículo por otro con distintivo ambiental, ha considerado que ahora no hay implicación económica y, en cualquier caso, dependería mucho de las decisiones que se fueran tomando y del desarrollo de las ZBE. A esto ha sumado que las decisiones son "relativas" y que en la actualidad el porcentaje de vehículos sin distinto DGT está a la baja. "No conozco que los coches duren eternamente", ha afirmado.
"Es un reto indispensable luchar por la salud pública y contra la contaminación". "No nos equivocamos, esto es imparable".
A mayores, ha confesado que esto le parece que es para que en el ámbito político "se pierda el tiempo". "Es la política judicializada, embarrándolo todo", ha opinado sobre los recursos presentados por Foro y PP. Martín ha ahondado en que hay dos posiciones contradictorias, la de Foro "abrazando" a Vox, y la del PP que es "hipocresía", porque da por seguro que si los 'populares' gobernaran iban a desarrollar las ZBE igualmente. Ha advertido que la judicialización de la política solo consigue paralizar las ciudades y las pone en desventaja con otras.
En el caso de que el Tribunal Supremo no les dé la razón, ha indicado que habrá que hacer las cosas como se fijen en la sentencia.
