En nuestra POLÉMICA DEL MES escuchamos todas las voces. Por eso escuchamos las razones de preocupación de los vecinos de Cimavilla, el asentamiento principal de estos pisos. Desde el barrio aseguran no estar en contra de quien tiene un piso de estas características, pero sí de que se les permita crecer sin control. La asociación que representa a las viviendas vacacionales insiste en que debe actuarse contra la oferta ilegal y ven con buenos ojos que se regule su actividad.
La oposición urge a tomar decisiones para evitar las consecuencias de una masificación turística y la pérdida de la identidad de un barrio que vienen aparejados al incremento de las VUT.
El Gobierno afirma estar trabajando en el problema. Es una prioridad. La concejala de turismo, Ángela Pumariega, nos explica que han solicitado un informe que determine con exactitud la dimensión del problema. También estudian otros modelos de éxito para valorar las medidas a poner en marcha. No quieren que la justicia tumbe la regulación. Pumariega adelanta que antes de acabar el año pueden tener una hoja de ruta para que las primeras medidas estén listas antes del próximo verano. Y se espera también a que el Gobierno Regional informe de sus medidas.
Además, hemos hablado con el experto Álvaro Ardura, que ha estudiado esta problemática en otras ciudades. Este arquitecto y profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid recomienda a Gijón tomarse en serio el problema. Y, decida lo que decida, advierte que para tener éxito es importante contar con capacidad suficiente para inspeccionar y sancionar cuando se incumplan las normas. De no contar con eso, advierte, servirá de poco.
