"Las 6 de la Suiza" siempre han defendido que su actuación entra dentro de la libertad de expresión y la libertad sindical. De hecho, nos ha contado Luara, una de las condenadas, siempre informaron de sus acciones a las autoridades y nunca se registró ningún incidente porque las fuerzas del orden estaban siempre presentes. Sin embargo, el Supremo coincide con los tribunales anteriores y falla que se ejerció una "presión constante, reiterada y desproporcionada" que no pueden considerarse ni libertad de expresión ni sindical. Añaden que la gravedad de los hechos obligaron al dueño de la pastelería a cerrar el negocio. Algo que los condenados niegan. Afirman que la pastelería llevaba un año en venta y acumulaba muchas pérdidas.
Las 6 de la Suiza, cinco hombres y una mujer vinculados al sindicato CNT, asumen que podrían entrar en prisión y están preparados para ello. Sin embargo, nos ha asegurado en onda cero Luara, volverían a hacerlo. No se arrepienten de haber defendido a la trabajadora y entiende que no se pasaron de frenada. Insiste en que llevaron a cabo una lucha sindical. Por ello consideran que la sentencia supone una persecución a los sindicatos sin precedentes. Les apoyan partidos como Izquierda Unida o Podemos, que afirman que el sindicalismo no es delito. Piden su indulto.
El jueves habrá una concentración en la Plaza Mayor. Desde CNT adelantan que seguirán peleando por demostrar la inocencia de los condenados.
Según fuentes del TSJA, los hechos se remontan a junio de 2016 cuando la pareja sentimental de una trabajadora de La Suiza se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local. Según los hechos ahora confirmados, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia, Le llegaron a denunciar por acoso laboral y sexual. Según el relato de hechos, incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta. Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio. El cierre, según la sentencia, fue la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados.
