Veintiuno de los treinta acusados por un delito contra la intimidad por difundir presuntamente un vídeo de contenido erótico grabado a una pareja sin su consentimiento en las fiestas de San Timoteo, en Luarca, en 2010, han reconocido este martes ante la jueza del Penal número 2 de Avilés su participación en los hechos que se les imputa.
En esta primera sesión del juicio, que fue suspendido en noviembre del pasado año por ausentarse algunos acusados, han prestado declaración los acusados. Cinco de ellos no han reconocido los hechos que se les imputan por parte de Fiscalía y de acusaciones particulares. El Fiscal ha modificado las penas ya que añade un tipo penal, pasando del año de prisión que pedía inicialmente a los dos años y seis meses que reclama ahora.
Entre los acusados que no reconocen los hechos está un matrimonio, que han explicado que en 2015 el hombre recibió el video a través de un grupo de WhatsApp y al reconocer a la chica que salía en el mismo se lo envió a su mujer. "El video le llegó a mi marido por un grupo y se dio cuenta que la que salía era una amiga íntima de una compañera de trabajo mío y por eso yo se lo pasé a esta compañera, con la intención de que ella avisase a la chica", ha manifestado la acusada, que ha indicado que "su intención era buena, y sólo buscaba ayudar a la víctima".
Otro de los acusados ha indicado ante la jueza que recibió el video a través de un grupo de Whatsapp, pero con un enlace a una web de carácter público en el que se encontraba el video en cuestión. Ha dicho que al chico que salía no lo conocía pero si a la chica y por eso envió el enlace a un amigo que "también la conocía", pero "sin intención de mofa ni nada de eso".
También fue a través de un grupo de una 'peña' como recibió otro de los procesados el video que aseguró no compartió con nadie. "Tan sólo envié a una amiga unos fotomontajes que recibí porque ella me lo pidió, ya que era amiga de la chica que salía en el video y quería ayudarla".
Otros cuatro acusados, dos de ellas hermanas, han negado de manera tajante haber visto el video y haberlo enviado el mismo. Las dos hermanas aseguraron incluso que "cuando les llamó la policía les parecía una broma, desde la llamada del agente que ni siquiera se identificó". Otra de las procesadas ha explicado que recibió la llamada de un Guardia Civil preguntándole por el video y le respondió que el mismo le sonaba de verlo en algún grupo de mensajería de la Universidad pero "ni conocía a las personas del video y ni le prestó atención ni lo difundió".
Tras esta primera sesión del juicio, que continúa el próximo jueves, la abogada de la acusación particular que representa a la chica, Anabel Prieto ha mostrado su satisfacción al lograr que 25 acusados reconozcan los hechos.
"Estoy muy satisfecha con que 25 se hayan conformado, que se reconozca, que después de tantos años se tengan cuenta lo que sufrió tanto ella como sus familia, porque fue un acoso y derribo, bueno, incluso a nosotras --las abogadas de la acusación particular--", ha indicado la letrada, que ha reiterado que la víctima estuvo muy afectada por todo lo ocurrido y le afectó a su vida diaria.
Prieto ha explicado que algunos de los acusados que no reconocen los hechos tienen menos prueba, por lo que podrían plantearse estudiar retirar las acusaciones.
Por su parte el abogado de una de las acusadas que no acepta los hechos, Javier Díaz Dapena, ha indicado que si una persona no ha difundido ese vídeo, como defiende en el caso de su acusada, evidentemente es inocente.
"Lógicamente aquí nadie niega que no haya ocurrido algo que nunca debió ocurrir. Otra cosa es la responsabilidad", ha indicado el letrado.
LOS HECHOS
El Ministerio Fiscal considera que los acusados, en fecha indeterminada pero en todo caso en el periodo comprendido entre las fiestas de San Timoteo de Luarca, en agosto de 2010, y febrero de 2015, sin haber tomado parte en su elaboración, difundieron un vídeo de contenido erótico protagonizado por una pareja, filmado sin su consentimiento ni conocimiento.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la intimidad, de acuerdo con la redacción vigente en la fecha de los hechos.
Habrá que esperar a la finalización del juicio para conocer el acuerdo concreto al que han llegado los 25 acusados que han reconocido los hechos y que ya han consignado 2.000 euros como responsabilidad civil.
