Esta tarde se presentó en la Junta General el proyecto de ley del Principado de Calidad Ambiental que dejará atrás al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, más conocido por RAMINP. Por eso el Vicepresidente Juan Cofiño indicó que la nueva norma es una imperiosa necesidad, largamente esperada, adaptada a los tiempos actuales. Pero tampoco exenta de debate, por las agrias críticas vertidas hasta la fecha por los grupos parlamentarios de la izquierda, y que Cofiño calificó como "interpretaciones muy desafortunadas", que atribuyó a la complejidad de una norma que es además muy técnica, porque aglutina reglamentos de muy diversa índole e involucra a todas las administraciones.
Lo más novedoso, que la nueva Ley de Calidad Ambiental del Principado compatibiliza el control de actividades contaminantes con la agilidad administrativa para facilitar el desarrollo económico y además empodera a la ciudadanía.
Y es que en los nuevos procedimientos se sustituye el trámite de licencia ambiental, por la declaración responsable.
Los Grupos se interesaron por las consecuencias para los Ayuntamientos, que se ceñirán más a sus propias competencias, no les complica más la actividad, mientras que la administración regional incorporará algún efectivo más y reordenará los puestos para adecuarlos mejor a la agilidad que requerirán los nuevos trámites, que a la postre deberá redundar en mayor agilidad.
El Vicepresidente, Juan Cofiño, preció que la ley no tiene carácter recaudatorio y puso en valor los controles ambientales y el nuevo horizonte para el fomento de la reducción y compensación de la huella de carbono, así como impulso a buenas prácticas de innovación ambiental y de economía circular, en línea con los principios de la lucha contra el cambio climático.
