La sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón concluye que la presión a la que el procesado, de 73 años, sometió a la niña provocó que anímicamente no tuviera otra opción más que la de acceder a sus los intereses. La convenció de que si contaba lo que le estaba haciendo habría consecuencias negativas tanto para ella como para su madre, de 36 años, que dependía económicamente de él. Argumentaba que “tenía que compensarle”.
El agresor aprovechaba las frecuentes ausencias de la madre por motivos laborales. Trabajaba a turnos. A partir de abril de 2008 comenzaron los tocamientos, que fueron cada vez más intensos, llegando el acusado a introducir un dedo en la vagina de la niña. Durante los siguientes años las agresiones fueron ininterrumpidas, sin oponerse la menor porque tenía miedo de que le hiciera daño o de que su madre no la creyera.
Fue a partir de 2012, cuando la víctima tenía 13 años, cuando el procesado comenzó a mantener relaciones sexuales completas con ella, empleando métodos de protección para evitar un embarazo. Las vejaciones incluyeron obligar a la menor a realizarle una felación para “compensarle por haberle pagado las vacaciones”.
El 28 de julio de 2017, la joven se presentó en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón y denunció al procesado, después de que este se hubiera presentado de nuevo, esa misma mañana, en su habitación, con intención de mantener de nuevo relaciones, a lo que ella se negó.
Contra la sentencia aún cabe recurso.
