La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha presentado este miércoles en Langreo el proyecto de presupuestos de su departamento para 2023, que sube un 24,7% respecto a este año, hasta alcanzar los 290.371.557 euros, la cantidad más elevada de esta legislatura.
Las cuentas incluyen 7,4 millones destinados a dos proyectos fundamentales para este concejo: 5 millones para finalizar las obras del Palacio de Justicia de Langreo, el principal equipamiento judicial en marcha en Asturias, y 2,4 para la recuperación de los antiguos Talleres del Conde.
El apoyo a los ayuntamientos, la modernización de la Administración y el compromiso con la juventud son algunas de las líneas maestras del presupuesto, cuyos recursos se incrementan en todas las áreas, pero especialmente en Estrategia Digital.
En este apartado, el aumento alcanza el 71,45%, hasta llegar a los 100.331.747 euros, para favorecer el desarrollo económico y social a través del uso de las nuevas tecnologías y la oferta de servicios públicos digitales a la sociedad.
También crecen en 370.000 euros los fondos destinados a emigración (26,6% más), memoria democrática (41%), juventud (20,39%), políticas de apoyo al colectivo LGTBI (20%), cooperación al desarrollo (6,25%) y participación ciudadana y atención a la ciudadanía (6,13%). Por su parte, las inversiones del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) ascienden un 27,5%.
En el ámbito de la justicia, el palacio de Langreo supone la mayor inversión prevista para 2023 en sedes judiciales, que en total suman 6.697.000 euros. El resto de las partidas se destinarán a reformas en el Tribunal Superior de Justicia (295.000 euros) y en el Palacio de Justicia de Oviedo (305.000 euros), a la rehabilitación de los juzgados de Cangas del Narcea (100.000 euros), la nueva sede judicial de Pravia (100.000 euros), la reorganización de espacios en Mieres (90.000 euros) y la mejora de la accesibilidad en Siero (55.000 euros).
Las cuentas de Presidencia incluyen 100.000 euros para iniciar el proyecto de unificación de las sedes judiciales en Oviedo, concretamente en la zona de Llamaquique. Este compromiso cuenta con más respaldo presupuestario, distribuido entre varias consejerías.
Además, el proyecto recoge un incremento de 2,6 millones para crear 17 nuevas plazas que permitirán prestar un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía. Con este criterio, se crean dos plazas para la Fiscalía, una para el Instituto de Medicina Legal, ocho para el nuevo juzgado de Oviedo y otra para el juzgado de menores. Además se crean tres plazas de psicólogos, una de trabajo social y un gestor para los equipos psicosociales y la oficina de asistencia a las víctimas de Avilés.
Tras la implantación del expediente judicial y fiscal electrónico, en 2023 se incorporarán mejoras como una herramienta de dictado jurídico, se acometerá la digitalización de los libros del Registro Civil y se instalarán sistemas de videoconferencia en los 60 juzgados de paz.
Las cuentas incorporan, asimismo, las partidas necesarias para ejecutar ocho iniciativas con cargo a los fondos mineros. Entre ellas, destaca la recuperación de los Talleres del Conde, que asciende a 3,2 millones. Como en todos los proyectos de este tipo, el Instituto para la Transición Justa aporta el 75% y el Principado, el 25% restante.
El respaldo a los ayuntamientos y a las entidades locales es otro de los grandes objetivos de Presidencia. En este contexto, la partida para obras y servicios de la Dirección General de Cooperación Local aumenta un 22%, hasta los 15.107.228 euros, con la finalidad de crear empleo, dinamizar la economía y reforzar la cohesión territorial.
De la cifra total para este departamento, seis millones se destinarán a obras, que en su mayoría se ejecutarán en los concejos con menor capacidad de gestión. Está previsto realizar al menos 47 intervenciones en 42 municipios. Además, se incluyen 150.000 euros para actuaciones de emergencia, un 50% más que este año.
También se amplía el Fondo de Cooperación Local, que se elevará a 8,6 millones para repartir entre los 74 concejos con menos de 40.000 habitantes.
Por otro lado, se crea un fondo extraordinario de solvencia, dotado con 500.000 euros, como mecanismo excepcional para garantizar la prestación de servicios públicos en municipios que, por causas ajenas a su gestión, afronten graves problemas financieros.
