La diputada regional del PP y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ha defendido este jueves la regulación legal en Asturias de las llamadas bebidas energéticas, en lo relativo a la venta y consumo, con el objetivo de proteger la salud de los menores. Fernández Pardo ha destacado que los médicos coinciden en alertar de los efectos dañinos de estas bebidas, y en la actualidad diez comunidades autónomas se plantean ya prohibirlas.
La diputada popular sostiene que existen "datos contundentes y estudios rigurosos que confirman que existe un abuso del consumo de estas bebidas entre niños y adolescentes", y ha citado en concreto un reciente informe de la Universidad de Oviedo, a cargo de investigadores del Grupo de Conductas Adictivas, en el que se reclama que se adopten medidas para rebajar el consumo juvenil, ya que un 22 por ciento de adolescentes las toma semanalmente.
"TENDENCIA AL ALZA"
A su vez, el Plan Nacional sobre Drogas de 2022 alerta de que nada menos que el 45 por ciento de los jóvenes entre 14 y 18 años las consumen con frecuencia, "y lo más grave es la tendencia claramente al alza".
Fernández Pardo ha advertido del alto contenido en cafeína, taurina, azúcares y otros estimulantes como guaraná, que pueden generar efectos adversos en el sistema cardiovascular, digestivo, endocrino y sobre la salud mental de nuestros menores, y añade que "más peligrosa es aún su combinación con el alcohol".
Para hacer frente a esta situación, el PP registró el pasado 25 de octubre una iniciativa en la Junta General para conocer si el Gobierno del Principado piensa adoptar alguna medida en relación con este tipo de bebidas energéticas.
GALICIA
En la actualidad diez comunidades autónomas se plantean su regulación. En Galicia, por ejemplo, ya se ha comenzado la tramitación del Proyecto de ley que prohibirá su consumo entre menores. Los jóvenes que lo ignoren deberán pagar multas de hasta 3.000 euros. Quienes promocionen o vendan estos productos a menores, se enfrentarán a sanciones de hasta 600.000 euros. El Gobierno autonómico gallego prevé que la normativa entre en vigor a principios de 2024.
