"Un querer y no poder" o "la sustitución de un caos municipal por un caos autonómico", han sido algunas de las definiciones empleadas este martes por los sindicatos UGT Servicios Públicos, el Sindicato de Enseñanza de CCOO y CSIF para referirse a una de las leyes "estrella" del Gobierno de Barbón, la de la red de escuelas de 0 a 3 o escuelines. Una red que consideran "muy necesaria" pero sobre la que aseguran "no se está haciendo nada bien" y con la que se han mostrado muy críticos.
Por ello, y "ante la ausencia de diálogo por parte de la consejera de Educación, Lydia Espina", los profesionales saldrán este miércoles a la calle y además convocan dos jornadas de huelga para los días 18 y 20 de este mes con dos concentraciones, el 18 en la consejería y el 20 delante de Presidencia.
Y es que los sindicatos insisten en que la red "o se hace bien o no se hace" y aseguran que están "muy comprometidos en que este proyecto salga bien y por eso van haciendo sus propuestas adelantándose a los posibles problemas que pueda haber", pero lamentan la cerrazón de la consejera que "ni siquiera les escucha".
Así lo reiteran la responsable de Escuelas Infantiles 0-3 de UGT Servicios Públicos Asturias, Ana Castellano; la responsable de las Escuelas Infantiles de CCOO Asturias, Tania Alonso y el responsable de Escuelas Infantiles de CSIF, Laura González.
Las tres estuvieron acompañadas en la rueda de prensa por el secretario del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Asturias, Cristóbal Puente, el responsable del sector de Educación de CSIF, Jorge Caro y el secretario General del Sindicato de Enseñanza de Asturias, Borja Llorente.
Son varias las cuestiones que a juicio de las profesionales deben resolverse antes de aprobar el proyecto de ley que llega este viernes al Parlamento.
Por una parte, advierten que, del colectivo de 600 trabajadoras, más de un centenar no tienen sus puestos estabilizados porque los ayuntamientos a los que pertenecen, ya que los consistorios no han tenido a bien estabilizarlas. Por eso consideran como un punto "innegociable" que el proyecto de ley "de siete folios" incluya una disposición transitoria en la que se establezca como se estabilizará al personal que los ayuntamientos no quisieron estabilizar.
Aseguran que "son muchas las fórmulas que se pueden usar", y han puesto como ejemplo la integración del personal del Hospital de Arriondas en el Sespa o lo que se hizo en otras CCAA con personal de colegios concertados que pasaron a integrar la red pública. Se trataría por tanto de una cuestión de voluntad.
DIFERENCIAS SALARIALES
Otra de las cuestiones que consideran los sindicatos debe abordarse antes de aprobar la ley es asegurar las mismas condiciones laborales y el mismo salario a todas las trabajadoras. Así, no ven factible en modo alguno que unas empleadas pasen a la red autonómica cobrando más que sus compañeras de aula y advierten de que podrá haber diferencias salariales de 400 o 600 euros, algo que consideran a todas luces un despropósito.
Por ello los sindicatos proponen integrar a la totalidad del personal con la categoría laboral superior a la que pretenden --B en lugar de C-- desde la Consejería de Educación, ya que aseguran se está "infracualificando" a las trabajadoras al regirse por un convenio laboral que debería haberse renovado hace muchísimos años.
"Lo único claro es que a día de hoy las trabajadoras de 0 a 3 no saben en qué condiciones van a estar el 1 de septiembre, mucha foto de la consejera, mucho salir en prensa, pero nada saben", lamentan las representantes sindicales, que insisten en que lo que propone Lydia Espina es que la red municipal pase a red autonómica pero sin cambiar las cosas y a coste cero. "Ese no es el modelo, el modelo es una integración plena", insisten.
Como se abordará la carga de trabajo para no cargar a las profesionales con horas extra, la gestión de las matrículas del alumnado o la gestión de las bolsas de empleo son otros de los numerosos puntos que los sindicatos piden aclarar con el diálogo y la negociación. Por eso insisten en que las movilizaciones son la única salida a la posición que mantiene la Administración.
