En declaraciones a los medios durante una concentración en Avilés (Asturias), Álvarez ha recordado que el IPC "descontrolado" se debe a situaciones como la pandemia, la crisis en Ucrania y la subida "desmesurada" de los precios de los carburantes.
Con todo, ha querido dejar claro que "hay una inflación subyacente que obedece a procesos claramente de usura por algunas empresas, que han querido hacer el agosto", por lo que ha reclamado al Ejecutivo central tomar medidas.
"Si estuviéramos en una guerra nadie duraría de que el Estado tendría que tomar el control en determinados temas. Ahora no estamos en una guerra directamente, pero si indirectamente con efectos en la economía, por lo que hay que generar medios para que las personas que no llegan a fin de meses puedan llegar".
Del mismo modo, ha querido dejar claro a la patronal que "pierda toda esperanza de que vamos a firmar convenios colectivos sin cláusula de revisión salarial o a la baja". "Estamos estudiando medidas para ver como a través de los salarios podemos mejorar las condiciones de las personas que tienen menos", ha señalado.
APOYO A LOS TRABAJADORES DE SAINT GOBAIN
Pepe Álvarez, culpó a la legislación laboral española de la situación de la factoría de Saint-Gobain en Avilés y ha reclamado a las administraciones que recuperen su papel en conflictos como este, exigiendo una autorización previa para realizar un despido. Se manifestó así después de reunirse con los trabajadores y mientras participaba en una concentración contra los 42 despidos que pretende realizar la empresa en aplicación al ERE que ha puesto en marcha. En la misma también han participado el líder de UGT en Asturies, Javier Fernández Lanero, y el del SOMA, José Luis Alperi.
En ese sentido, Álvarez ha denunciado la falta de voluntad de la empresa para negociar las alternativas, entre las que han propuesta una reducción de horas de los trabajadores o cambiar el ERE por un ERTE. "No quieren resolver Los problemas coyunturales, quieren un despido colectivo y así tener las manos libres para contratar a otros trabajadores con salarios más bajos", ha afirmado.
Una situación de la que ha culpado a la legislación española vigente desde la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012 y que permite que las empresas "de manera arbitraria" puedan proceder en un mes al cierre o al despido parcial.
"Necesitamos que la administración recupere peso y sea quien haga la autorización previa", ha explicado, para reclamar que, por el momento, la justicia suspenda la ejecución de estos expedientes ante "la mala fe" de la empresa. Así, ha solicitado que se retire el ERE y poder entrar en un proceso de negociación "sin presiones" con la posible mediación de la administración.
Álvarez ha incidido en la necesidad de que exista una presión de la administración, tanto autonómica como estatal, y que esta debe ser "inmediata". Sobre la posible deslocalización ha recordado que esta ha perdido "el sentido" después de la pandemia y ante la guerra en Ucrania. "El movimiento cada día es más caro y contrario al medio ambiente y no tiene sentido llevarlo a Francia, donde las condiciones de producción son más altas que en Avilés", ha sentenciado.
