La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha presentado un escrito de acusación en el Caso Puertos en el que, entre otras cosas, pide tres años de prisión para el que fuera alcalde de la ciudad de Ibiza durante dos legislaturas, el socialista Rafa Ruiz.
En su escrito de calificaciones provisionales al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal Juan Carrau le acusa en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares de presuntos delitos de fraude a la Administración, prevaricación y cohecho en un un caso en el que estarían acusados 13 personas, entre ellas el expresidente de la propia APB, Joan Gual de Torrella, por presuntamente "amañar los concursos para la concesión pública de la explotación del Club Náutico Ibiza y de unos amarres del puerto de Maó" y para el que se piden nueve años de prisión.
Concretamente, el fiscal considera que de manera continuada y permanente y, al menos desde 2015 al 2020, los acusados que ejercían cargos en la APB se concertaron, entre sí y con unos particulares, para la adjudicación de sendos títulos de explotación del dominio público portuario en Ibiza y en Mahón y que lo hicieron "en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas" y generando, "perjuicio para los intereses económicos de la APB ya que en su condición de funcionarios públicos, cada uno dentro de las funciones que le eran propias en la entidad y lo hicieron para beneficiar injustamente a los particulares que resultaron adjudicatarios de la explotación del dominio público portuario, en un caso el Club Naútico de Ibiza y en el otro caso la entidad Marina Asmen, en Mahón".
- Club Náutico de Ibiza
En este sentido, en el caso de la adjudicación a favor del Club Náutico de Ibiza, el escrito refiere que participó de ese concierto Rafa Ruiz en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y de alcalde de la ciudad de Ibiza en el momento de los hechos y que Gual de Torrella y el resto de directivos acusados se pusieron de acuerdo con los responsables del club "para que fuera éste quien siguiera explotando la dársena de la autoridad portuaria que llevaba ocupando desde junio de 1927".
Además, acusa al presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, de actuar junto a Ruiz para que el club resultase beneficiado por la APB dictando "varias resoluciones arbitrarias" y creando "comisiones técnicas ad hoc" destinadas a favorecer ilegalmente al club ibicenco y por ello se le piden tres años de cárcel por un presunto delito de fraude y por ser cooperador en el de prevaricación.
Todo ello, originando, según el fiscal, "una adjudicación arbitraria al Club Náutico de Ibiza que supuso para la Autoridad Portuaria de Baleares una cantidad de entre 7,6 y 12,9 millones de euros en todo el periodo de concesión".
